Inocencia y las pruebas

Hemos señalado en diversas columnas que la inocencia no tiene por qué probarse, sino que la misma se goza por si misma y que es el Estado quien debe de probar la culpabilidad de las personas.

Sin embargo, el Estado Mexicano cada día más parece acercarse a un Estado alejado del derecho donde el imputado debe de buscar acreditar su inocencia, mientras que la Fiscalía se contenta con realizar una acusación bien o mal fundamentada.

En tal sentido, la problemática más grande es sin duda la prisión preventiva oficiosa la cual implica que sin que se haya probado culpabilidad de una persona esta deba de permanecer privada de su libertad por orden legal, sin que ni siquiera se justifique un peligro de sustracción o contra las víctimas o contra el proceso mismo, es decir la existencia de primero impongo la pena y posteriormente investigo es la frase perfecta para la prisión preventiva oficiosa.

Es cierto que la prisión preventiva oficiosa ha servido para hacer sentir a la sociedad que las personas no son liberadas al instante, pero la verdad es que no es otra cosa más que un engaño a la sociedad y a la justicia, puesto que, la sociedad es aquella que se encuentra en peligro al tener un sistema de justicia inquisitivo porque el nombre que tenga actualmente no es relevante si realiza acciones violatorias de derechos humanos.

Lo anterior en virtud de que, la sociedad será quien cargue con la condena de castigar a inocentes de no investigar a culpables y de que las víctimas no sean escuchadas puesto que, contrario a lo que se cree una condena obtenida mediante un sistema que viola derechos es peor de atroz que la libertad de un culpable puesto que, una condena con un sistema que violenta derechos para lograr objetivos hace dudar a la sociedad de la existencia de la justicia y hace ver a la propia sociedad como ejecutores de la injusticia.

En consecuencia, es que todo sistema de justicia penal debe de basarse en los derechos de las personas y en la inocencia de cada acusado como base puesto que, la única consecuencia de esa premisa es obligar al Estado a realizar su trabajo: prevenir e investigar los delitos.

Lic. Juan Fernando González Espinosa

juanfer_lm@hotmail.com

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