Este fin de semana el excandidato a la presidencia de 2018, Ricardo Anaya, anunció que se irá al exilio, debido a la “persecución política” en su contra, y el citatorio que recibió por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
Lo anterior, por sus posibles vínculos en una presunta red de corrupción que hizo posible la llamada reforma energética, en donde a través de un entramado de complicidades muchas de ellas avaladas por altas sumas de dinero, se consiguieron los votos respectivos para modificar la constitución.
Al menos eso aseguro Emilio Lozoya, quien es testigo protegido de la Fiscalía y quien busca disminuir sus responsabilidades en ese particular delatando el modus operandi del gobierno anterior para permitir la inversión privada en varias áreas estratégicas de PEMEX.
Ante este panorama, Anaya decidió salir del país una vez que este lunes recibió un citatorio para una audiencia en el reclusorio norte, siendo que en primera instancia las audiencias son por Zoom. Por ende, si se presenta en el lugar puede ser encarcelado el jueves, día para el que fue llamado.
De tal suerte que el inculpado no quiso correr ningún riesgo y prefirió defenderse desde el extranjero. No obstante, en sus declaraciones se asoma una intencionalidad política en toda esta historia.
Para el panista, es claro que el presidente López Obrador quiere cobrar “venganza” de lo antiguo adversario” y en mensajes ha dejado testimonio de su postura: “no te vas a deshacer de mí y cada vez somos más los que no te tenemos miedo y estamos dispuestos a enfrentarte tope donde tope. Yo estoy convencido de que vamos a triunfar”, dijo Anaya a través de sus redes sociales.
Lo que venga en adelante promete un final de pronóstico reservado. Porque cuando la política se mezcla con la impartición de justicia no deja buenos saldos. La parte afectada siempre utilizará el argumento de una persecución y se quedará la duda entre los partidarios de uno u otro bando.
Lo cierto es que desde la propia administración pasada Anaya ha tenido un paso frecuente por los tribunales. Primero porque mintió en su declaración patrimonial teniendo ingresos mucho más altos de los que reportó. En segundo lugar, quedó la duda de una de sus propiedades (bodega) en donde el lavado de dinero parecía evidente.
Esas investigaciones no prosperaron por dos razones. La inicial es que el gobierno que iba de salida no tuvo el tiempo, ni el ánimo y quizá tampoco la voluntad para llevar a sus últimas consecuencias tales acusaciones. Pero no pasó nada porque Anaya sucumbió rápidamente en las preferencias electorales.
Hay que recordar que estos casos fueron parte de una campaña que se inició desde el gobierno de Peña Nieto con la específica intensión de sacar de la contienda al oriundo de Querétaro. Cuando es claro que el joven político había perdido toda posibilidad de ser competitivo en la elección se desactivaron los mecanismos judiciales.
Al cabo de unos meses otra vez el nombre del excandidato aparece en los juzgados. Ahora por voz de un testigo protegido. La diferencia es que ahora la Fiscalía es autónoma, el señalado puede defenderse igual que como lo hizo la vez anterior y además puede utilizar los argumentos políticos que refiere (ser perseguido político del actual gobierno). Pero nada de lo anterior le parece acertado al político.
Al contrario, se va del país dejando un tufo de culpabilidad porque asume el camino más complejo. Hablar a la distancia eludiendo la justicia en nuestro país. Al parecer, Anaya se vuelve a equivocar porque efectivamente el que nada debe nada teme.
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