A dos días de que se lleve a cabo la primera consulta popular regulada por el Instituto Nacional Electoral (INE), relativa a si la ciudadanía está o no de acuerdo en que se juzgue a políticos del pasado, el fiscal especializado en Delitos Electorales en Hidalgo, Sergio Zúñiga Hernández, advirtió que funcionarios y diputados realizan promoción a este ejercicio de participación, pese a que legalmente están impedidos.
El exmagistrado electoral afirmó que muchos de ellos “andan dándole duro y no deberían hacerlo”, pues existe una veda para los servidores públicos, quienes tienen restricciones como si se tratara de una elección regular.
“Ellos no pueden promocionar imagen, en colocar en sus redes sociales logos, imágenes, todo eso”, agregó.
Zúñiga Hernández ve que “mucha gente” podría estar cometido un delito electoral, al obligar a otro a votar por alguna opción, así como al hacer propaganda con recursos públicos.
El funcionario estatal mencionó que hasta ahora, la dependencia que encabeza no ha recibido denuncias relativa a la consulta popular. Asimismo, señaló que el ente encargado de sancionar conductas ilícitas al respecto, es la la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la federación.
“Pero nosotros estamos coadyuvando con ellos como siempre; si alguien inicia una denuncia, el Ministerio Público donde esté inicia la carpeta y se envía a la Ciudad de México”, expuso.
El fiscal instó a no permitir “que nadie obligue a alguien o diga a alguien, a que no acuda” al ejercicio democrático que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto.
Añadió que, además de incidir en la decisión de la gente sobre el sí o el no, el acarreo se convierte en un ilícito comicial.
“Invitamos a que acuda la gente al derecho que le da la ley, pero no les podemos decir sobre qué opción debe de hacerlo”, insistió.
El próximo domingo los cuidados podrán responder de manera afirmativa o negativa a la pregunta “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
