En el manejo de los programas sociales, se ha evidenciado grandes fallas en materia de transparencia y eficiencia, denunció la diputada del PAN, Gloria Romero, quien impulsa una iniciativa de reformas de las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y General de Desarrollo Social.
Manifestó que en la actualidad existe una gran incertidumbre social y económica en el país, ante la pandemia del Covid-19; la curva sigue creciendo, lo que significa que la situación sigue empeorando día con día, por lo que el Presidente presentó un plan económico para hacer frente a la crisis sanitaria en el cual toman primordial importancia los programas sociales.
Dijo que si bien la Secretaría de Desarrollo Social cumple, ya que través del portal electrónico es posible acceder a información, como en el caso de los programas: su población objetivo, cobertura y padrón de beneficiarios, acciones, servicios, reglas de operación y avances trimestrales de metas programáticas y presupuestarias, se evidenciarían lagunas e inconsistencias.
En cuanto a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, agregó que alrededor de 55 por ciento de los programas sociales registrados en IPRO hacen público su presupuesto mientras que el resto no lo hace, de los cuales alrededor de 93 por ciento de las dependencias federales reporta su presupuesto, mientras que solo 53.6 por ciento de las entidades federativas lo hace público.
Asimismo, alrededor de 58.2 por ciento de los programas del país hace público su informe sobre el ejercicio del gasto, y al adentrarnos en el ámbito estatal, sólo alrededor de 57 por ciento de las entidades federativas los publica, reflejando la opacidad que existe con respecto a cómo se utilizan los recursos públicos para beneficio de la sociedad.
Otro problema en la ejecución de los programas que le quitan credibilidad a los indicadores son los que cuentan con un padrón relativamente fijo, sin embargo, este dato no significa que esta cantidad de personas recibió efectivamente el apoyo de los mismos, pues en algunos casos no se cuenta con los registros necesarios para que pueda ser validado ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Esto, agregó Romero León, refleja la ausencia de mecanismos para verificar su entrega efectiva así como para determinar el volumen real de beneficiados, poniendo en duda la validez del padrón de beneficiarios como indicador de la cobertura de los programas y, por ende, del desempeño institucional, ya que si bien en los municipios se registran unas enorme cantidad de beneficiarios, no se da certeza si los recursos llegaron efectivamente a la población.
Indicó que en la actualidad existe una gran incertidumbre social y económica en el país ante la pandemia del Covid-19; la curva sigue creciendo, lo que significa que la situación sigue empeorando día con día

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