Aprueban Ley de Víctimas de Hidalgo; atención integral y reparación del daño

Integrantes del Congreso local aprobaron este lunes, el decreto por el que se crean la Ley de Víctimas para el Estado de Hidalgo, en la que se considera la reparación del daño y atención integral a través de recursos y un sistema.
Avalado por unanimidad, el dictamen con 174 artículos, establece la creación de una Unidad de Ayuda Inmediata, que tendrá que atender las necesidades de emergencia las víctimas directas, indirectas y colectivas para determinar la designación de los servicios de ayuda, atención inmediata, asistencia y respaldo psicosocial, médico y de trabajo social.
Además, se considera la operación del Registro Estatal de Víctimas, la Asesoría Estatal de Asistencia a la Víctima y el Recurso de Ayuda Estatal de Víctimas que administrará la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y comprenderá fondos destinados en el Presupuesto de Egresos del Estado.
También se contempla la existencia de un Comité Interdisciplinario Evaluador, que elaborará los dictámenes de procedencia para acceder a los mecanismos de ayuda, asistencia, atención y, en su caso, a la reparación integral del daño.
Con la aprobación también se abroga la Ley de Atención, Asistencia y Protección de Víctimas del Delito y Violaciones a Derechos Humanos.
En los artículos transitorios se establece que el Poder Ejecutivo deberá publicar el reglamento dentro de los 180 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del decreto avalado y tendrá 60 días, para emitir una convocatoria para ocupar la titularidad del Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cuyo encargado deberá salir de una terna que se someterá a la aprobación de las dos terceras partes del Congreso local.
“El Sistema Estatal de Atención a Víctimas que se establece en la presente Ley, deberá constituirse dentro de los 30 días hábiles siguientes, a partir de la designación de la persona titular de la Comisión Estatal”, añade el quinto transitorio.
Asimismo, el sexto menciona que el Ejecutivo deberá prever lo necesario para que dentro de 90 días siguientes a qué haya titular se disponga de los recursos necesarios para asignar los fondos que integrarán el Recurso de Ayuda

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