Se rehúsa UAEH a entregar información sobre un laudo

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) se rehúsa a entregar información sobre un juicio laboral que causó estados hace más de 12 años, por lo que interpuso un amparo contra una resolución revocatoria del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (Itaih).

El pasado 23 de octubre de 2020, Claudia Briseño Pérez, que trabajó en el Área de Bancos de la Dirección de Finanzas de la casa de estudios, solicitó al rector Adolfo Pontigo Loyola, mediante oficio, información pública relacionada con ella, relativa a un procedimiento laboral (1/2005), con laudo de 19 de septiembre de 2008.

Debido a que hasta el 10 de diciembre pasado la solicitante no tenía conocimiento si el funcionario universitario había emitido una respuesta, requirió a través de la Unidad de Transparencia de la UAEH copia certificada del documento con la contestación Pontigo Loyola.

No obstante, el 22 de febrero de 2021 la universidad, mediante oficio CE/UAEH/14/2020, le comunicó su negativa para proporcionarle la información y documentación solicitada: determinó clasificarla como “reservada”, con el argumento que se trataba de “expedientes judiciales”.

La recurrente ingresó el pasado 12 de marzo un recurso de revisión ante el Itaih, órgano que calificó de “pretextos” los alegatos del sujeto obligado, por lo que el 23 de abril determinó revocar la respuesta de la UAEH y le ordenó desclasificar la información reservada y realizar una “búsqueda exhaustiva” de los datos requeridos por Briseño Pérez. Para ello, le dio un plazo de 10 días hábiles.

Ante el fallo del organismo de transparencia, el 10 de mayo la institución educativa interpuso una solicitud de amparo, la cual fue sobreseída por el juez segundo de Distrito de Hidalgo, Oscar Gregorio Herrera Perea, el 24 de junio anterior, pues señaló que la resolución del Itaih es “inatacable”.

“…es claro que carece de legitimación para accionar el juicio de amparo, en atención a que dicha determinación, materialmente jurisdiccional, por una parte, es inatacable y, por otra, no afecta su patrimonio en su calidad de persona moral oficial, entendido como una disminución material en sus bienes, sino únicamente lo vincula a exhibir la documentación respectiva”, dice el expediente 544/2021.

No obstante, el ente público que encabeza Pontigo Loyola, insiste en no entregar la información solicitada, por lo que promovió un recurso de revisión contra la sentencia del juzgado federal.

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