El primero de Agosto se llevará a cabo la Consulta Popular, en la que los ciudadanos decidirán si se emprende el esclarecimiento legal de decisiones tomadas en el pasado por actores políticos, a fin de garantizar justicia a las víctimas.
Este acto, conocido coloquialmente como la consulta a los expresidentes, tiene una intensión política de fondo. Más allá del resultado –que seguramente será abrumador a favor del juicio respectivo–, lo que se busca es mantener vivas las bases electorales de Morena.
Además de darle “carne de cañón” a los que buscan ver tras las rejas a un expresidente, lo que se pretende es congratularse con el electorado duro, que tiene sed de venganza y busca a cualquier costo marcar un antes y un después en la historia política del país.
No obstante, si se analiza a fondo el ejercicio democrático, cabe cuestionarse si es absolutamente necesario consultar sobre este tema. Es decir, en América Latina con democracias frágiles e inestables ¿vale la pena despertar los fantasmas del pasado? ¿Qué tanta firmeza institucional tiene el país para llevar un juicio justo sin tintes políticos? ¿Qué se gana la sociedad haciendo estos ejercicios?
Como sostenía al principio, la consulta mantiene viva la chispa participativa de algunos sectores de la población. Los más radicales en principio, pero también a otras personas que piden a gritos una imagen, una persona, un motivo para asignarle culpas reales e inventadas.
Dicho en otras palabras, la esencia que está detrás de la consulta sugiere que todavía estamos anclados al pasado. No hemos superado las desgracias del ayer, aunque el discurso presidencial apunte hace adelante.
Esa retórica se cae muy rápido, cuando el motivo de las desgracias es “el régimen neoliberal” característico del “pasado” y estrechamente ligado con Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
De tal manera, que la consulta busca reivindicarse con el pasado reciente eso en teoría, pero en la práctica es muy útil para seguir movilizando hacia Morena todo el descontento social que se acumuló en los últimos 30 años.
Una vez que concluya este ejercicio que costará aproximadamente 528 millones de pesos, porque se pretende instalar entre 50,000 y 59,000 mesas receptoras, vendrá un ejercicio más. Se trata de la revocación del mandato donde las personas tendrán la oportunidad de decidir si el presidente sigue en funciones o se retira.
Aquel pueblo sabio, que acompaña al presidente, también tendrá una cita electoral el próximo año, una vez que hayan concluido las dos consultas referidas; lo cual obliga a que la agenda política esté determinada por los temas que el presidente y el partido Morena, proponen.
En ese sentido, la participación de las personas en estos eventos es la parte que suma a las intenciones políticas de fondo. Es decir, el lopezobradorismo está en constante movilización. Al menos una vez al año se mide su capacidad de convocatoria, su lealtad, su pertenencia al proyecto de la 4T.
En ese sentido el oficio político del presidente y su partido, no se pone a discusión. Quizá lo cuestionable es que en un país con múltiples prioridades actuales, tenga que sanar cicatrices enfrentándose a un pasado complejo.
@2010_enrique