En política muchas veces la realidad tiene distintos rostros. Cuando parece que no existe posibilidad de otra lectura, porque los hechos parecen irrefutables viene una escalada de hipótesis que se relacionan de una u otra manera con los juegos del poder.
En este sentido, hace unos días dos eventos conmocionaron a la sociedad hidalguense. El primero de ellos tiene que ver con el trágico desenlace de una manifestación de habitantes del municipio de San Salvador en la ciudad de Pachuca. Producto de una riña entre policías e inconformes, un joven perdió la vida.
El otro evento se presentó en Progreso de Obregón, luego de un percance vial en donde una doctora fue ingresada al área de separos de la policía municipal. Producto de lo anterior, por una alteración emocional o por el efecto de alguna sustancia, la mujer decidió suicidarse.
Estos dos desafortunados acontecimientos, tienen una característica lamentable: el desenlace. También mantienen algunos puntos en común, como la falta de capacitación de los cuerpos policiacos en distintos niveles de gobierno.
Pero no hay que olvidar que también tiene una consecuencia política. En el primero de ellos, los calificativos al gobierno estatal han sido fuertes. Lo mismo con el caso de la doctora en el ámbito municipal.
En suma, las autoridades no han salido bien libradas de los señalamientos vertidos en ambos casos. Es aquí donde vale la pena enfatizar. No se trata de ver quien sale mejor librado de la tragedia, se trata de ver hasta qué punto la responsabilidad recae en las autoridades respectivas.
En otras palabras, ¿se pudo evitar estas muertes? La respuesta en ambos casos es afirmativa. Con buena capacitación, con protocolos específicos y algo se sentido común estas dos personas estarían todavía con vida.
¿Qué falló? Como ocurre con frecuencia, los incidentes de esta índole surgen por una carencia de control ante las adversidades cotidianas. En Pachuca, faltó operación política. Aunado a una buena capacitación de los mandos policiacos. En Progreso, faltó un protocolo específico para tratar a una persona que sufría (por la causa que sea) una alteración.
En ambos casos, las autoridades tendrán que revisar su actuación. Se tendrá que hacer una valoración de fondo para ver en dónde se puede mejor. Porque los dos casos dejan un amargo sabor de boca por la percepción de que esas vidas pudieron salvarse.
Ahora bien, hay que extirpar a la política de estos eventos. Porque parece que si se introducen los intereses ajenos se contamina mucho el asunto. Las voces que se escucharon apuntaban a una intención de desprestigiar a unos para beneficiar a otros, de generar un problema para separar la atención del otro problema, de ponerse a competir para ver quién es el gobierno más deficiente.
No se trata de politizar todo. Esos lamentables acontecimientos tendrán que llevarse ante las autoridades judiciales. Ojalá podamos sacar a la política de estos menesteres que no ayudan en nada para aplicar justicia.
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