Una alumna de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) fue víctima de bullying por parte de sus compañeras antes de que comenzara la pandemia, por lo que sus familiares acudieron ante el rector y coordinador de esta institución, para que solucionarán el problema, pero no obtuvieron respuesta.
“Mi hermana ya no quería estudiar y no salía de su salón de clases, ya que le proferían insultos, como: prieta, mira sus garritas, entre otros”.
Los directivos dijeron que iban a tomar cartas en el asunto para que este problema se resolviera; sin embargo, el acoso siguió.
Cuando se suspendieron las clases presenciales por la pandemia y tuvieron que ser virtuales, de los grupos de WhatsApp la bloqueaban, por lo que tenía que conseguir aparte los temas de investigación o las tareas.
“Nuevamente acudimos con el rector y el coordinador, para darles a conocer la situación y nos dijeron que este tema era ajeno a la universidad, ya que los administradores de los grupos, son los propios alumnos”.
Ante esta situación, la agraviada, acompañada de un abogado y de sus familiares, acudió a la agencia del Ministerio Público para iniciar una carpeta de investigación, misma que quedó integrada con al Número Único de Caso (NUC): 18-2021-02032, contra el rector, el coordinador y dos alumnas, por presunta discriminación y lo que resulte.
“Mi hermana le daban beca de la excelencia, pero a raíz de que denunciamos este problema, cuando la quiso renovar, ya no se lo permitieron”.
La agente del Ministerio Público, en el escrito de la denuncia omitió los nombres del rector y del coordinador, por lo que al hacerle la observación lo justificó como un error, pero que ya había sido subsanado.
“Cuando la mandaron con la psicóloga en un inicio fue amable, pero posteriormente ya no la atendió porque supuestamente estaba también llevando el caso de una de las denunciadas; cuando acudieron con la Policía Investigadora, uno de los oficiales se portó muy déspota, evasivo y dijo que cuando tuviera tiempo iba a dar seguimiento a los dictámenes”.
El entrevistado, agregó que la carpeta fue enviada a la mesa cuatro y la encargada tuvo una actitud grosera con la víctima. “Le gritó a mi hermana, la regañaba y le dijo que el caso no lo podía judicializar, no dejaba hablar al abogado. Habíamos solicitado medidas cautelares, pero no las acordaron conforme a la Ley, por lo que tuvieron que solicitar al juez de control un auxilio judicial”.
Ante tales negligencias la familia, junto con la agraviada, solicitó una audiencia con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses y ayer (lunes), fueron recibidos por el secretario ejecutivo de la Política Pública en la entidad, José Luis Romo Cruz.
“Nosotros solo queremos que se solucione este conflicto, mi hermana está muy afectada y las autoridades tanto de la UPT como del Ministerio Público han mostrado negligencia. En Pachuca, nos dijeron que el gobernador ya solicitó todos los documentos que se han ingresado para que este hecho no quede impune”, concluyó
