La rendición de cuentas hasta ahora no ha sido suficientemente efectiva, ya que la aplicación de los recursos públicos por parte del Gobierno Federal sigue siendo poco transparente, lo que mantiene abierta la puerta al abuso y a la discrecionalidad.
Por este motivo, la diputada del Partido Acción Nacional, Gloria Romero León, propone que se adicione el artículo 17 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que en la Ley de Ingresos de la Federación, se incluya el desglose del rubro “Otros” de los aprovechamientos de tipo corriente y de capital de los ingresos no petroleros y no tributarios.
Asimismo, que en la Cuenta Pública se incluya la información pormenorizada de dichos conceptos y los montos que lo integren a fin de asegurar la transparencia y rendición de cuentas sobre este tipo de ingresos.
Puso como referencia la Cuenta Pública 2019 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que muestra como del presupuesto destinado al Poder Ejecutivo se destinaron 753 mil 540 millones de pesos, el 17 por ciento de su presupuesto, para fines distintos a los establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y se gastaron 79 mil 988 millones adicionales, es decir, que el Poder Ejecutivo reasignó recursos equivalentes a más de tres veces el total de gasto público de la Ciudad de México.
Otro ejemplo de opacidad y de abuso es el Aeropuerto de Santa Lucía, donde se tenían presupuestado 1,330 millones de pesos y se gastaron 27 mil 628 millones, dijo.
La legisladora indicó que las lagunas que existen en las normas relativas a la transparencia y la falta de rendición de cuentas permiten la corrupción siga avanzando, sin considerar las repercusiones económicas y de desigualdad que le generan a la nación,
“La corrupción se vuelve más evidente cuando la rendición de cuentas se hace a un lado para dar vida al ejercicio irresponsable del mismo, generando efectos negativos para la vida productiva y social”.
En este sentido, la panista subrayo que la autoridad tiene que responderle a la ciudadanía a través de la rendición de cuentas, pues la falta de esta, provoca desajustes serios en el desempeño de los sistemas productivos y de gestión institucional desde el momento en que los actores gubernamentales abren la puerta para realizar actividades sospechosas que producen daño y costos innecesarios.
Por ello, agregó Romero León, si no contamos con las herramientas necesarias para prevenirla y debilitarla, promoviendo la transparencia a través de la efectiva rendición de cuentas, la desigualdad y el abuso de poder seguirán siendo predominantes, advirtió.
“Cuando no se corrigen de fondo las prácticas que conllevan al derroche de los recursos que cuantifican su necesidad a favor del interés público, es decir, desde el momento que las finanzas y presupuestos públicos son motivo de incumplimiento irresponsable comprometiendo el desarrollo productivo de la comunidad, partiendo de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, al permitir el oscurantismo y la falta de claridad y prácticas corruptivas que debilitan las reglas y principios del orden jurídico y político de las entidades.
Dijo que la práctica del uso discrecional de los recursos persiste, en donde el Poder Ejecutivo cuenta una amplia facultad para solicitar y otorgar dinero a voluntad y sin rendir cuentas, siendo el único país democrático en el cual el gobierno tiene la facultad para gastar más de lo presupuestado y para reasignar los recursos libremente

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