Por mayoría, el Congreso de Hidalgo aprobó la Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción para el estado, la cual entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2022 para que se consideren recursos en el Presupuesto de Egresos.
La nueva legislación busca erradicar los  factores de quienes son sujetos a protección,  así como proteger la  integridad de las personas que rinden  declaración testimonial o información por  posibles actos de corrupción relacionados  con  faltas  administrativas.
Asimismo, facilitar e incentivar la denuncia  de posibles actos de corrupción relacionadas con faltas administrativas, así como determinar y erradicar los factores de riesgo de los sujetos que aportan información sensible para la denuncia e investigado de actos de corrupción.
El decreto señala que para otorgar  las medidas de protección se deberán tomar en cuenta la vulnerabilidad del sujeto de protección, la situación de riesgo, la importancia del caso y trascendencia de la información presentada.
La Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción para el estado, presentada por el gobernador Omar  Fayad Meneses, cuenta cuatro títulos y 35 artículos.
Las  medidas  de  protección  contenidas  en esa norma serán aplicables  respecto  de  Procedimientos  Administrativos  de  Responsabilidad iniciados con antelación a  su entrada en vigor.
Asimismo, el Poder Ejecutivo de la entidad tiene 90 días para expedir el reglamento de la nueva ley.
En contra de la aprobación de esta ley votó el diputado morenista de Grupo Universidad Raúl Baptista González.

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