La diputada pesista Jajaira Aceves Calva exigió que el fiscal Especializado en Delitos de Corrupción de la entidad, Ricardo César González Baños, comparezca ante comisiones del Poder Legislativo, para que explique el bajo porcentaje de avance en las denuncias presentadas contra los responsables de los anteriores ayuntamientos.
“(Que acusada) venga para que nos de a conocer a detalle el porqué, de las 47 carpetas de investigación iniciadas contra el mismo número de administraciones del ejercicio 2016-2020, sólo una se ha podido judicializar”, dijo la legisladora en tribuna.
La coordinadora de la bancada del Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH), agregó que del total denuncias en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción contra autoridades del pasado periodo de gobierno de las administraciones municipales, 42 expedientes siguen en integración y cuatro más ya fueron desechadas.
“La sociedad hidalguense debe de tener una confianza sólida en sus instituciones; nos toca desde esta tribuna, y el trabajo de las diversas comisiones, aportar a dicha confianza (…) No podemos seguir dando herramientas a los encargados de las instituciones de fiscalización, investigación y sanción de estas conductas, cuando los resultados a favor de la ciudadanía hidalguense son tan escasos y poco transparentes”, aseveró.
El pasado 28 de agosto de 2020, elementos de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), detuvieron al entonces alcalde panista de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, tras la judicialización de una denuncia integrada por la fiscalía Anticorrupción, por el delito de uso de indebido de atribución, ya que erogó más de 9 millones de pesos en la contratación del servicio de pago de salarios y impuestos de los trabajadores de la administración municipal.
No obstante, denuncias realizadas en contra de otros expresidentes como el panista Jovani Miguel Cruz León, exalcalde de Tlaxcopan y aspirante a diputado federal plurinominal; la exedil de Apan, María de los Ángeles Anaya Ortega; el pesista Raúl Badillo Ramírez, de Huejutla, y el priista Fernando Pérez Rodríguez, de Tulancingo, aún no han prosperado.
El pasado 1 de marzo, el Congreso recibió la iniciativa prioritaria del Poder Ejecutivo estatal, para la creación de la Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción del Estado de Hidalgo

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