Equiparar como delito el acoso sexual callejero: NM

La violencia representa una constante en nuestro país, pero contrario a lo que se piensa, el acoso sexual callejero no es un problema de seguridad, sino que tiene su origen en la violencia y discriminación de género que se encuentra arraigada a la sociedad, aclaró la senadora priista Nuvia Mayorga, quien propuso equiparar como delito el acoso sexual callejero.
Para ello, impulsa una iniciativa de reformas al Código Penal Federal y Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de sancionar a quien comenta el delito de abuso sexual contra una persona, sin su consentimiento, o que obligue a ejecutar para sí o para otra persona, actos sexuales sin el propósito de cópula, en espacios públicos o semipúblicos.
Señaló que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 66.8 por ciento de las agresiones contra las mujeres en la calle son de tipo sexual, mientras que una de cada tres mujeres ha sido objeto de piropos o frases de carácter sexual a lo largo de su vida, reveló la legisladora hidalguense.
Además, 12.6 por ciento ha sufrido tocamientos o ha sido manoseada sin su consentimiento; 0.6 por ciento ha sido violada en la vía pública y 8.9 por ciento ha sido obligada a ver escenas o actos exhibicionistas.
Igualmente, ocho de cada diez mujeres indicaron que la persona responsable de estas agresiones habría sido un desconocido, y que es la calle y el transporte público donde las mujeres son más violentadas.
La senadora por el estado de Hidalgo dijo que los estudios coinciden en señalar que las mujeres enfrentan el acoso sexual desprotegidas, en un contexto donde se les responsabiliza de su seguridad y se ven obligadas a evitar los espacios públicos.
Por ello, Mayorga Delgado señaló que con las reformas al Código Penal Federal y Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, busca que el acoso callejero sea considerado delito equiparado al abuso sexual y que forme parte de la violencia comunitaria para establecer la obligación de ser un delito perseguido y sancionado a nivel nacional con el propósito de proteger a las mujeres, niñas, y adolescentes y garantizar su plena libertad de transitar sin miedo por el espacio público

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