El gobierno del presidente López Obrador ha enfrentado momentos complicados, pero quizá ninguno como el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La cuestión radica en que después de su detención en Estados Unidos, se generó una creciente especulación sobre su involucramiento con grupos del narcotráfico en México. Esa imagen se alimentó gracias a las acusaciones que se imputaron en aquel país.
Se hablo de una investigación de años, en una completa secrecía que permitió armar un caso sólido, que ponía al descubierto una serie de enlaces entre el más alto nivel del ejército y los grupos dedicados al tráfico de drogas.
Poco tiempo después, vino un inesperado viraje cuando México solicitó la extradición para juzgarlo en territorio nacional. Hasta aquí, la bola de nieve iba creciendo. Se hablaba de los nexos políticos del general Cienfuegos, de los posibles acuerdos entre otros integrantes del gobierno anterior de Peña Nieto, de otras actividades ilícitas del acusado en suelo norteamericano, en fin.
Al cabo de unos días cuando el asunto llegó a las manos de la Fiscalía General de la República (FGR), el acusado fue absuelto por falta de pruebas. Y todo lo anterior quedó en entredicho. ¿Qué pasó? ¿por qué el giro tan radical en el asunto? ¿qué intereses están detrás del caso? ¿La cúpula de las fuerzas armadas doblegó al presidente?
Todas las preguntas caben cuando existe un desenlace de esa naturaleza. Porque durante semanas se construyó una figura de funcionario militar corrupto y a los pocos días, se tuvo que recular en la dirección informativa para decir que el general es inocente de los delitos que se le imputan.
El punto es que López Obrador ha enarbolado el combate a la corrupción, como eje de toda acción gubernamental. Y el desenlace de este asunto parece muy lejano a esa pretensión ya que existen muchos cabos sueltos.
No obstante, y con el afán de minimizar las críticas, el gobierno hizo público el expediente que armó la autoridad norteamericana sobre el particular y francamente esa investigación parece débil. Pero el golpe a la credibilidad ya estaba dado. Ahora resulta muy difícil creer en la imagen impoluta del general.
Al contrario, el comportamiento de las autoridades mexicanas alimenta aquella vieja creencia que en este país todo se puede. El peor delincuente puede sesgar la justicia a su favor y hasta se le tiene que pedir perdón.
Esta papa caliente dejó insatisfechos a todos. Al presidente que tiene que dar la cara y justificar el papel de las autoridades nacionales, a las personas que estuvieron pendientes de una acusación que no llegó, al ejército porque aquella institución, mantiene un alto nivel de aceptación que sufre un descalabro con este caso.
Pero quizá lo más complicado es que los propios partidarios del presidente, se sintieron defraudados cuando se sostiene que no hay elementos para procesar al general. Con esto se pone en entredicho todo un proyecto de nación donde –por decreto presidencial–, ya no cabe la corrupción.
Aunado a lo anterior, se exhibe la debilidad institucional del país, ante nuestro vecino del norte. Donde ven con asombro como se aplica la justicia en territorio nacional. En suma, en este asunto no hay ningún ganador, salvo el exsecretario de la Defensa quien ve desde su casa como su asunto se volvió una papa caliente.
@2010_enrique