Con el fin de abonar a la lucha por los derechos humanos de las mujeres, el diputado local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Víctor Osmind Guerrero, expuso su iniciativa de reforma a la Constitución Política de Hidalgo, para aquellos que aspiren a tener un cargo público, estén fuera de la lista de antecedentes de acoso sexual, agresiones por razones de género, además de no ser deudores de pensión alimenticia.
En su planteamiento, Osmind Guerrero señaló que para una diputación o para aspirar a la gubernatura estatal, Procurador General de Justicia del Estado, fiscal Especializado en Delitos Electorales, Fiscal Especializado en Delitos de Corrupción, Magistrado del Poder Judicial, Concejero e Integrante del Ayuntamiento, no se debe tener antecedentes como deudor de pensión alimenticia, además de no tener antecedentes por acoso sexual, o agresor por razones de género.
Así también serían los requisitos para ser director de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, a los delegados y subdelegados y demás personal administrativo.
“Esta iniciativa logra implementar nuevas formas de relaciones institucionales, políticas y sociales que se traduzca en una democracia representativa de manera sustantiva que cuente con los mejores hombres y mujeres, que ponderen a los derechos humanos en el centro de su responsabilidad pública garantizando la disminución de los hechos que los vulneran y las implicaciones que desde un cargo de poder ejercen al amparo de su autoridad”, expuso el diputado local.
Por otra parte, adelantó que se trabaja en el Presupuesto de Egresos 2021 en el Congreso del estado, y se inició con la reunión con la titular de la Secretaría de Finanzas, Jessica Blancas Hidalgo, el pasado miércoles.
En esta línea, dijo que la planeación del presupuesto debe integrar la opinión de la sociedad, “ya que no debe de ser tratada como clientela electoral, es capaz de participar en el diseño de un presupuesto destinado a obra pública”, expresó en conferencia virtual.
En esta idea, explicó que la ciudadanía podría participar y elaborar una serie de requerimientos que se traducirán en obra pública, que serán tomados en cuenta en el presupuesto

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