La diputada local, Areli Rubí Miranda Ayala, presentó la iniciativa de reforma al Código Penal, en la que establece una sanción de hasta cinco años de prisión a los funcionarios públicos, que no presten servicio a la población.
Dentro del documento se adiciona el capítulo denominado “Negación del servicio público”, en la que también se señala sobre la multa de 50 a 300 veces la unidad de medida y actualización, a quien teniendo la calidad de servidor público niegue o retarde la protección, el auxilio o el servicio que estén dentro de sus obligaciones.
La legisladora mencionó que en el Código Penal del estado de Hidalgo, cuenta con el título denominado “Delitos por Hechos de Corrupción Cometidos por Servidores Públicos y Particulares Vinculados con estos Hechos”, sin embargo, dijo que este título no cuenta con ningún artículo que sancione la indebida prestación, retardo o negación de un servicio público.
Por otra parte y con el fin de garantizar el derecho de toda persona a un ambiente sano, además de la gestión integral de los residuos peligrosos, sólidos urbanos, la diputada, María Luisa Pérez Perusquía, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar disposiciones a la Ley para la Protección al ambiente, Ley de prevención y gestión integral de residuos sólidos, así como a la Ley Orgánica municipal.
Ante la presentación del documento, señaló que a pesar de que en Hidalgo se han armonizado las leyes en la materia, deben de perfeccionarse y evolucionar, sobre todo en lo referente a la promoción de la ciudadanía, sobre todo, en los municipios.
Es por ello que pide a los mismos emitir un programa para la gestión integral de los residuos sólidos que sea integrado en el plan municipal de desarrollo, “para que sean considerados en el programa estatal”, además de que estén obligados a garantizar el servicio de recolección de basura que ha sido tema de los problemas presentados en diferentes municipios con la entrada de funciones de los Concejos Municipales.
Para ello, los municipios deberán elaborar e instrumentar programas locales, para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, que deberán estar garantizado por año, mismos que deberán subclasificarse en orgánicos e inorgánicos para facilitar su separación primaria, además de optimizar su manejo, y que emitan campañas permanentes, así como reglamentos, a fin de dar cumplimiento a la ley
